Pero al parecer fue tan relevante la vaguedad de la intervención del ministro Salinas que el propio ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, no pudo dejar de aludir: “Los que estamos acá tenemos que rendir cuentas con acciones, ¿qué estamos haciendo concretamente para aportar en el tema? No alcanza con la receptividad en las ideas, el diagnóstico, no alcanza con la reflexión”. A pesar de este gesto de sinceridad y atino que hay que reconocer, y a pesar de su repaso de las acciones puestas en cifras a modo, precisamente, de rendición de cuentas, lo que queda claro es la insuficiencia de esas acciones. No aparece una propuesta integral, un proyecto de desarrollo abarcativo de programas que apunten a la inclusión social de las personas con trastorno mental grave, a la disminución del número de personas en situación de calle con problemas de salud mental y particularmente con trastorno por consumo de drogas
Ilustración: Ramiro Alonso
Un nuevo Día de la Salud Mental, un nuevo día de frustración Publicado el 9 de noviembre de 2022 Escribe Ricardo Acuña en Posturas 5 minutos de lectura Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Mediante la iniciativa “Hagamos de la salud mental una prioridad”, el gobierno pretende fomentar la reflexión social acerca de esa temática. El lanzamiento de las acciones fue el jueves 13 de octubre, en el Palacio Legislativo. Resulta interesante escuchar las intervenciones de las autoridades.
Tomo como punto de partida la que debería haber sido la primera intervención, la de la presidenta de la organización de familiares de personas con enfermedad mental, Federación Caminantes, Rina Sabatini, que caracterizó bien la situación: “Poco apoyo del sector salud”, la necesidad de una “salud mental de calidad”, “lentos avances” con alguna iniciativa aislada por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mientras que “a nivel de los prestadores privados está todo por hacerse… no cumplen con la ley”, “carencias en el acceso a la atención profesional y a la medicación en muchos casos, tanto a nivel público como a nivel privado” y “faltan servicios de rehabilitación laboral y para la inclusión residencial”.
Los discursos de las autoridades no aludieron a estas demandas de quienes son los destinatarios de las acciones de atención a la salud mental. Quedaron las autoridades con su discurso de espaldas a planteos de los familiares, en definitiva, reproduciendo en la mesa la situación que se da en los servicios: no son escuchados.
Pero en pocas frases quedó sintetizado el estado de situación de la salud mental en Uruguay, a la vez que, a la hora de pensar en soluciones, esas son las prioridades. La normativa vigente (Ley de Salud Mental y Plan de Salud Mental) contiene todos los elementos para comenzar a superar esta situación. Frente a esta diáfana caracterización de la situación, ¿cuál fue el discurso de la autoridad sanitaria?
Dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ¡que están trabajando con el Banco Mundial en un diagnóstico de la situación de la salud mental en Uruguay! No creo que tengamos en Uruguay un sector más diagnosticado que el de la salud mental desde hace ya décadas. Todos los actores sabemos qué es lo que hay que hacer, el nivel político ya cuenta con los insumos necesarios para comenzar las transformaciones, debe decidir por dónde quiere empezar. Sin embargo, ahí vamos con otro diagnóstico. Por lo demás, aludió como siempre a generalidades, buenos deseos pero nada concreto: que están trabajando en “promoción de abordaje intersectorial”, “implementación de dispositivos”, “promoción del empleo”, “sistema de información”. Ninguna acción concreta, ningún resultado, no existe la cuantificación. Al terminar de escucharlo surgen algunas preguntas que quedan sin respuesta, por ejemplo: ¿cuándo comienza la capacitación de médicos de primer nivel de atención?, ¿cuántos médicos se capacitarán en qué período?, solo por colocar alguna como ejemplo. Por otra parte, ninguno de los buenos deseos del ministro llega a los consultorios de los psiquiatras que, en nuestros lugares de trabajo, no tenemos apoyo siquiera de trabajadores sociales para la búsqueda de soluciones a situaciones que escapan a nuestras posibilidades, por ejemplo, evitar la internación a perpetuidad por problemas sociales incluso en sanatorios privados.
Pero al parecer fue tan relevante la vaguedad de la intervención del ministro Salinas que el propio ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, no pudo dejar de aludir: “Los que estamos acá tenemos que rendir cuentas con acciones, ¿qué estamos haciendo concretamente para aportar en el tema? No alcanza con la receptividad en las ideas, el diagnóstico, no alcanza con la reflexión”. A pesar de este gesto de sinceridad y atino que hay que reconocer, y a pesar de su repaso de las acciones puestas en cifras a modo, precisamente, de rendición de cuentas, lo que queda claro es la insuficiencia de esas acciones. No aparece una propuesta integral, un proyecto de desarrollo abarcativo de programas que apunten a la inclusión social de las personas con trastorno mental grave, a la disminución del número de personas en situación de calle con problemas de salud mental y particularmente con trastorno por consumo de drogas.
En definitiva, mientras el MSP y ASSE declaran defender la ley de salud mental, por vía de los hechos apuntalan y mantienen las acciones para ir en contra de su mandato. Es claro que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no espera por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para llevar adelante algunas iniciativas que entiende pertinentes: la improvisación y el voluntarismo sin el sustento técnico riguroso es la norma. Si bien la ley le confiere al MSP la responsabilidad en la aplicación de la Ley de Salud Mental, este no ha definido los criterios técnicos consensuados que debería implementar en sus dispositivos el Mides, a los efectos de dar continuidad y coherencia al tránsito de una persona desde los servicios sanitarios a los dispositivos sociales y viceversa. Esto permitiría la continuidad en el proceso asistencial y apuntar a la calidad de esos servicios.
Pero la omisión del MSP no se observa solamente en estos aspectos. Es inconcebible que frente a la situación del hospital Vilardebó o a las afirmaciones del inefable presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el doctor Leonardo Cipriani, no haya tenido pronunciamiento alguno y haya dejado actuar a las partes como si se tratara de un problema laboral.
La ausencia de psiquiatras en la guardia de fin de semana en el hospital psiquiátrico, tal como se explicitó por algún actor tratando de disimular el desastre, constituye una situación de riesgo, por más que el doctor Cipriani se empeñe en declarar que no es así. El psiquiatra de guardia es el único especialista presente los fines de semana y su competencia y especificidad de su función no puede ser sustituida por otro profesional.
¿Qué sería lo esperable en este caso? Al MSP le compete la habilitación de los servicios y definir los requisitos mínimos de funcionamiento. Es necesario un pronunciamiento explícito de la autoridad sanitaria estudiando el punto y llegando a una conclusión técnica sobre si la asistencia se puede seguir brindando en esas condiciones o si es necesario pensar en formas de organización alternativas. Pero este tema tampoco parece ser un tema que preocupe a la autoridad sanitaria, aunque el problema se mantiene.
El MSP, que dice defender el cumplimiento de la ley de salud mental, tampoco se ha pronunciado frente al anuncio de incumplimiento de esta norma manifestado por el doctor Cipriani cuando dice que el Vilardebó no va a cerrar, tampoco las colonias, y que abrirá un nuevo hospital psiquiátrico adjunto al hospital Pasteur. Dejemos que al doctor Cipriani le conteste la Organización Panamericana de la Salud: “Los países de ingresos más bajos, entre ellos, los de la Región de las Américas, tienden a asignar la mayor parte del presupuesto destinado a la salud mental para financiar los hospitales psiquiátricos”. “Los países aún pueden hacer mejoras considerables en los servicios de salud mental si reasignan el presupuesto de estos hospitales y lo destinan a financiar los servicios de salud mental comunitarios y de atención primaria. Este cambio se dirigirá a la mayor parte de la carga de enfermedad que obedece a trastornos del estado de ánimo y los trastornos debidos al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas”, señalaba el organismo en marzo de 2019.
Para buscar soluciones a las situaciones reseñadas, que marcan el deterioro progresivo de la calidad asistencial, se acordó con ASSE la creación de un grupo de trabajo integrado también por el Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, pero ASSE no lo ha convocado. Por otra parte, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay conformó un grupo de trabajo específico que elaboró una propuesta rigurosa y factible que avanza en la mejora de la atención del trastorno mental grave y que será entregada al señor ministro Daniel Salinas si contesta al pedido de entrevista que le fue solicitado.
En definitiva, mientras el MSP y ASSE declaran defender la ley de salud mental, por vía de los hechos apuntalan y mantienen las acciones para ir en contra de su mandato. A la vez, encontraron aliados en esta cruzada conservadora, actores que hacen ruido pero carecen de todo fundamento técnico y nunca participaron ni realizaron –tampoco realizan– aporte alguno al proceso que dio lugar a la ley y al plan de salud mental. Así están las cosas.
Ricardo Acuña es médico psiquiatra y fue vicepresidente de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.
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