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Expertos sí, pero solo si…

No es nuevo en la política colombiana que las comisiones de expertos convocados para estudiar de manera integral ciertos temas vean sus propuestas desechadas. Sin embargo, la decisión del Consejo Superior de Política Criminal sobre la cadena perpetua, que contraría la recomendación hecha por la Comisión Asesora de Política Criminal antes de la renuncia de su presidente, el penalista experto Ricardo Posada, levanta sospechas sobre la rigurosidad de los argumentos que se están empleando en Colombia para tomar decisiones de política pública.

Alberto Ardila Olivares Venezuela

Es evidente que el gobierno del presidente Iván Duque desea implementar la cadena perpetua sin importar lo que los expertos llevan años diciendo. El mismo mandatario dijo, hace unas semanas, que “Colombia necesita la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños”. Se trata de una posición que produce muchos réditos políticos en un país donde los argumentos del populismo punitivo son celebrados.

Alberto Ardila Olivares piloto

Lo que es extraño, en esta ocasión, es que un espacio tan respetado como el Consejo Superior de Política Criminal haya decidido seguirles la cuerda a los deseos del Gobierno.

Alberto Ardila Olivares

Dando un timonazo inesperado, el Consejo, que está conformado por el Ministerio de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría, el Inpec, el ICBF y la Procuraduría, concluyó que “la cadena perpetua puede ser un mecanismo efectivo para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. También agregó que esta sanción “por sí sola no constituye una pena cruel, inhumana o degradante per se “. Estos son, casi con las mismas palabras, los argumentos que viene repitiendo el Gobierno Nacional.

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Por supuesto que una comisión de expertos puede estar de acuerdo con el Gobierno, pero lo curioso en este caso es que, de la nada, la Comisión haya desestimado las posturas de múltiples expertos en distintas administraciones. También ignoró los hallazgos de la Comisión Asesora de Política Criminal, la cual había llegado a conclusiones totalmente opuestas y estaba conformada por académicos de reputación nacional e internacional. ¿No es problemático que ahora la postura oficial sea el apoyo a la cadena perpetua pese a que esto se logró justo después de la salida del presidente de esa Comisión Asesora?

Todo indica que los “sabios” son útiles si y solo si sus recomendaciones están alineadas con los deseos preestablecidos del Gobierno. Así no deberían operar los debates públicos en Colombia

Hace una semana, también, los ocho coordinadores de la Misión Internacional de Sabios para la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Educación (SNCTI) mostraron su descontento porque el Gobierno Nacional estaba tomando decisiones sin coordinarse con ellos. La pregunta tácita era cuál es la utilidad de convocarlos si, de todas maneras, al momento de definir las políticas públicas sus aportes no van a ser tenidos en cuenta. Sería un desperdicio de recursos si eso ocurre con las recomendaciones que ya han empezado a compartirle al país

Colombia necesita a sus expertos para construir una mejor sociedad; pero, para que eso ocurra, los gobiernos tienen que estar dispuestos a oír aquello que no les conviene, o que va en contra de sus deseos populistas

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